El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió que el proyecto de centro de datos que Google propone para Cerrillos no debe ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La resolución del 16 de octubre acogió la consulta de pertinencia presentada por Inversiones y Servicios Dataluna, que pidió confirmar que el diseño reformulado no estaba obligado a someterse a ese procedimiento. Es un avance regulatorio buscado por la empresa, pero no la habilita para iniciar las obras ni confirma que haya decidido construir.
La consulta no fue una evaluación completa de los impactos del proyecto. El SEA respondió una pregunta más acotada: si, según los antecedentes aportados y las causales del reglamento, el diseño debía ingresar obligatoriamente al SEIA.
Por qué no debe ingresar al sistema ambiental
La resolución aplica los umbrales vigentes desde enero de 2026, tras la modificación del Reglamento del SEIA por el Decreto Supremo 17/2025. La propuesta declara 695,9 toneladas de combustible, por debajo del umbral de 1.000 toneladas. Su conexión eléctrica de 110 kilovoltios tendría unos 400 metros, mientras que la causal para líneas de transmisión de alto voltaje exige un trazado superior a dos kilómetros.
El proyecto contempla 44 generadores diésel de respaldo, con una potencia conjunta declarada de 120,25 megavatios. El SEA los consideró equipos para emergencias, pruebas y mantenciones, no una central generadora destinada al suministro habitual de energía, que provendría de la red. Esa clasificación también se basa en la función descrita por la empresa. El diseño propone refrigeración por aire; esto evita usar agua en esos equipos de enfriamiento, pero no demuestra que el recinto completo carezca de consumo de agua o de otros impactos.
En síntesis, el SEA no declaró que el proyecto sea inocuo: determinó que, con el diseño y los datos presentados, no se activa el ingreso ambiental obligatorio por las causales examinadas. Al quedar fuera del SEIA, esta vía no incluye la evaluación integral ni la participación ciudadana propias de ese procedimiento.
Google aún no ha confirmado que lo construirá
Antes de la resolución, en septiembre, Google describió el centro como un proyecto “potencial” y dijo que la consulta era un paso necesario si decidía avanzar. La empresa explicó que el rediseño incorporaba refrigeración por aire. No encontré una declaración posterior de Google que confirme si, tras el pronunciamiento favorable, ejecutará la iniciativa. La compañía sí buscó resolver ante el SEA una barrera regulatoria concreta para su proyecto; la decisión de construir sigue sin estar confirmada públicamente.
Qué falta para que comiencen las obras
El SEA aclara que su pronunciamiento no otorga derechos ni constituye una autorización y que Dataluna debe cumplir la normativa y obtener los permisos sectoriales que correspondan. Además, la Ley General de Urbanismo y Construcciones exige, como regla general, permiso de la Dirección de Obras Municipales (DOM) para construir edificios. La resolución del SEA no enumera todos los permisos aplicables a este diseño ni informa si ya fueron solicitados u otorgados. No localicé un permiso de edificación confirmado para la versión reformulada del proyecto.
Por eso no se puede afirmar, con los antecedentes consultados, que esos trámites sean fáciles o difíciles, ni que estén todos pendientes. Sí son autorizaciones separadas que deben revisarse según las obras concretas —entre ellas los edificios y la conexión eléctrica— y no quedan resueltas por la consulta ambiental. La Superintendencia del Medio Ambiente también conserva la facultad de requerir posteriormente que el proyecto ingrese al SEIA.
Un rediseño tras la anulación del permiso anterior
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación del proyecto original porque no había antecedentes suficientes para descartar impactos sobre el Acuífero Santiago Central y ordenó considerar el cambio climático. Ese fallo se refería al diseño anterior, que contemplaba otro sistema de enfriamiento. Google renunció a esa autorización y presentó el proyecto reformulado.
OLCA y MOSACAT anunciaron que buscarían impugnar la nueva resolución y sostienen que la iniciativa mantiene continuidad con el proyecto anterior. Esa es la posición de las organizaciones; no equivale a una decisión judicial sobre la resolución actual.
