En Quilicura, al norte de Santiago, miles de servidores funcionan día y noche dentro de una instalación de Google. Procesan información, ejecutan aplicaciones y sostienen parte de los servicios digitales de los que dependen personas y empresas. Para mantenerlos funcionando, la instalación necesita electricidad y sistemas que permitan disipar el calor producido por sus equipos.
Durante 2024, ese centro de datos consumió 121,8 millones de galones de agua, según las cifras publicadas por la propia compañía. Son aproximadamente 461 millones de litros, una cantidad que puede resultar difícil de imaginar hasta que se compara con una actividad cotidiana.
Si una persona utiliza 150 litros de agua al día en su hogar, el consumo anual de Quilicura equivale al uso doméstico de unas 8.400 personas durante un año completo.
La comparación permite comprender el volumen, aunque el impacto ambiental depende de factores adicionales: la procedencia del agua, la disponibilidad de la cuenca y el sistema de refrigeración. Google informa que utiliza agua suministrada por Aguas Andinas y que invierte en proyectos de eficiencia hídrica en la cuenca del Maipo. También declara una eficiencia energética elevada: en 2024, la instalación alcanzó un indicador PUE de 1,09 y un 92 % de energía libre de carbono medida por hora.
La tecnología utilizada hace una diferencia considerable. Amazon Web Services, por ejemplo, afirma que su futura región de nube chilena recurrirá principalmente a refrigeración por aire y necesitará agua para sus sistemas de enfriamiento durante aproximadamente el 4 % del año. La compañía estima que, al comenzar a operar, su consumo de agua para refrigeración será inferior al promedio anual de dos hogares chilenos.
Los centros de datos también tienen un sonido. Detrás de sus paredes, ventiladores, enfriadores y equipos eléctricos mantienen una actividad constante que puede extenderse durante toda la noche. En Quilicura, un proyecto presentado a evaluación ambiental en 2025 contempla 108 unidades de ventilación, 81 equipos adicionales de climatización y 30 generadores de emergencia. Su impacto acústico dependerá del diseño, la ubicación y las medidas de aislamiento. Pero la escala del equipamiento permite comprender otra dimensión de la industria: mientras el procesamiento digital ocurre silenciosamente en las pantallas de millones de personas, la maquinaria que lo sostiene puede hacerse escuchar en los barrios que la rodean.
Son cifras empresariales correspondientes a instalaciones y tecnologías distintas. En el caso de Amazon, además, se trata de una estimación previa a la operación. El contraste muestra por qué importa conocer el diseño de cada proyecto, verificar su desempeño y medir los efectos acumulados de una industria que aspira a expandirse por todo el país.
Porque Quilicura es apenas una parte de lo que viene.
El Estado quiere que el negocio crezca
El 7 de octubre de 2026, la Subsecretaría de Telecomunicaciones presentó los ejes del Plan Nacional Digital 2026–2036. La iniciativa busca posicionar a Chile como un centro tecnológico regional, facilitando inversiones proyectadas por US$160 mil millones hacia 2050 en centros de datos y servicios de nube.
La cifra corresponde a una proyección de largo plazo, cuya metodología requiere una explicación pública más detallada. Son inversiones potenciales en distintas actividades digitales, antes que recursos ya comprometidos o destinados exclusivamente a construir edificios.
El anuncio continúa una estrategia anterior. En diciembre de 2024, el Ministerio de Ciencia presentó el Plan Nacional de Data Centers 2024–2030, cuyo primer objetivo es promover el crecimiento de la industria mediante acciones que estimulen la inversión. Sus otros dos objetivos buscan desarrollar una industria descentralizada y sostenible, y fortalecer las capacidades nacionales de investigación y desarrollo.
La política expresa una decisión económica del Estado chileno: aprovechar las ventajas del territorio para atraer a las empresas que construyen la infraestructura de la economía digital.
Las inversiones ya tienen nombres. En mayo de 2025, Amazon anunció que destinaría más de US$4.000 millones durante aproximadamente quince años al establecimiento y operación de una región de AWS en Chile, cuyo lanzamiento estaba previsto para fines de 2026. Google mantiene operaciones en Quilicura y participa junto al Estado en el desarrollo del cable submarino Humboldt, que conectará Sudamérica con Australia.
El proyecto Humboldt incluye una empresa conjunta, Humboldt Connect, constituida por Google y Desarrollo País con participaciones equivalentes del 50%. Su función es gestionar y comercializar capacidad de fibra óptica del sistema. La estructura ofrece un ejemplo de participación estatal directa en una parte de la infraestructura internacional de conectividad, aunque la sociedad conjunta debe distinguirse de la propiedad y operación del cable completo.
Para las compañías, Chile representa una ubicación desde la cual pueden vender servicios digitales a clientes de toda América Latina. Para el Estado, las instalaciones pueden generar empleo, ingresos tributarios, inversiones, conectividad y acceso a tecnología avanzada. Para las comunidades cercanas, su llegada también significa nuevas demandas sobre energía, suelo y, según el proyecto, agua.
Esos beneficios y costos se distribuyen de maneras diferentes.
La inversión extranjera puede ampliar la capacidad tecnológica disponible sin que el Estado tenga que financiar la totalidad de los proyectos. Pero albergar infraestructura, participar en sus ingresos y controlar los servicios que funcionan sobre ella son capacidades distintas.
Y esa diferencia empieza a importar cuando la infraestructura deja de ser solamente un negocio.
Cuando la nube llega al territorio
En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación del proyecto Cerrillos Data Center, vinculado a Google. El fallo ordenó retrotraer parte de su evaluación ambiental porque faltaban antecedentes suficientes para descartar impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central, considerando además los efectos del cambio climático.
El caso puso una cuestión concreta sobre la mesa: una instalación destinada a prestar servicios digitales a escala regional puede tener consecuencias sobre recursos compartidos con las comunidades donde se construye.
El Estado ha comenzado a desarrollar instrumentos para abordar estos problemas. El Plan Nacional de Data Centers contempla criterios de localización, medidas de sostenibilidad y participación de actores públicos, privados y de la sociedad civil. Desde febrero de 2026 también existe un criterio técnico específico del Servicio de Evaluación Ambiental para examinar proyectos de centros de datos que deban ingresar al sistema.
Son herramientas para orientar las inversiones y evaluar sus impactos. Pero queda una pregunta sobre su alcance: ¿cuánta demanda hídrica y eléctrica puede absorber un territorio considerando todas las instalaciones que podrían llegar, además de las necesidades de sus habitantes y otras actividades económicas?
El problema supera la eficiencia individual de cada edificio. Una empresa puede reducir el agua utilizada por unidad de procesamiento mientras la industria aumenta su consumo total al multiplicar la capacidad instalada.
Las alternativas técnicas existen: circuitos cerrados de refrigeración, enfriamiento mediante aire, uso de aguas regeneradas, reutilización del calor y ubicación de instalaciones en lugares con mejores condiciones climáticas y energéticas. Su aplicación requiere examinar las características de cada territorio y los compromisos entre consumo de agua, electricidad, costos y funcionamiento.
También exige decidir qué necesidades justifican dedicar recursos naturales a nueva infraestructura.
Un centro de datos que sostiene hospitales, servicios públicos e investigación científica ofrece beneficios diferentes de una instalación cuyo procesamiento se comercializa principalmente en mercados internacionales. Ambas actividades pueden generar valor económico, pero su contribución al interés público merece evaluaciones propias.
El territorio donde se instala la nube tiene límites materiales. La capacidad de procesamiento, en cambio, puede venderse a clientes de cualquier parte del mundo. Esa relación convierte la planificación ambiental en una decisión económica y estratégica.
El día que un cable cambió la discusión
Hasta aquí, la expansión de centros de datos podría entenderse como una negociación entre inversión, desarrollo tecnológico y recursos naturales.
Pero en febrero de 2026 ocurrió algo que incorporó otra dimensión.
Estados Unidos revocó las visas de tres funcionarios del gobierno chileno, incluido el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La medida se relacionó con el proyecto Chile China Express, una iniciativa destinada a conectar directamente Chile con Hong Kong mediante un cable submarino de fibra óptica.
Washington expresó preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones regional. El gobierno chileno rechazó las acusaciones y cuestionó las medidas adoptadas contra sus funcionarios. El cable continuaba en etapa de evaluación.
El episodio reveló que las decisiones de conectividad internacional también forman parte de las relaciones de poder entre países. Estados Unidos considera estratégicas determinadas infraestructuras vinculadas a China, mientras Chile mantiene relaciones económicas relevantes con ambas potencias.
Las objeciones de seguridad sobre un cable submarino pueden involucrar riesgos técnicos legítimos, como interceptación, sabotaje o dependencia del operador. Su evaluación exige antecedentes verificables y criterios propios de seguridad nacional.
Sin embargo, la decisión estadounidense también produjo consecuencias diplomáticas concretas sobre funcionarios de otro Estado por una iniciativa que todavía estaba en estudio.
Meses después, el 22 de septiembre, el gobierno chileno adhirió al “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por Estados Unidos. La declaración conjunta incorpora cooperación en seguridad, economía y coordinación multilateral. En su dimensión económica contempla explorar mecanismos de revisión de inversiones y promover reglas sobre proveedores confiables de infraestructura digital.
La declaración constituye un compromiso político y, por sí misma, deja abierta la posibilidad de construir infraestructura estatal y contratar proveedores de distintas nacionalidades. Su importancia reside en que introduce explícitamente la procedencia de los proveedores tecnológicos dentro de una agenda de cooperación regional.
Quince días después, Subtel presentó los ejes del nuevo Plan Nacional Digital. La cercanía de ambos acontecimientos merece atención, aunque sus fechas, por sí solas, resultan insuficientes para establecer una relación causal.
La pregunta que aparece es más amplia: ¿hasta qué punto puede el Estado chileno elegir libremente sus socios tecnológicos cuando las grandes potencias consideran la infraestructura digital un asunto de seguridad estratégica?
Y todavía falta examinar qué sucede después de elegirlos.
¿Quién tiene la capacidad de apagar un servicio?
Imaginemos un servicio público chileno que utiliza una plataforma de nube administrada por una empresa estadounidense. Sus servidores están ubicados en Santiago, los usuarios son chilenos y la información se encuentra almacenada dentro del territorio nacional.
La instalación está en Chile, pero buena parte de las decisiones técnicas y comerciales corresponde al proveedor. El funcionamiento del sistema también puede depender de licencias, actualizaciones, componentes, plataformas de administración y contratos sujetos a normas de otras jurisdicciones.
En determinadas circunstancias, estas dependencias podrían convertirse en un problema de continuidad.
Existe un antecedente internacional. En junio de 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció restricciones a determinadas categorías de servicios informáticos y de nube prestados a personas ubicadas en Rusia. Las medidas incluyeron excepciones para ciertas actividades de telecomunicaciones e internet y estuvieron asociadas a las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania.
Fue una prohibición específica, con fundamentos jurídicos y condiciones particulares. Demuestra, sin embargo, que un gobierno puede restringir servicios tecnológicos proporcionados por empresas bajo su jurisdicción, incluso cuando los usuarios se encuentran en otro país.
Una eventual restricción sobre Chile requeriría decisiones adicionales. El conflicto del cable chino carece de efectos automáticos sobre Amazon, Google o Microsoft, y los antecedentes revisados para este artículo tampoco muestran una intención estadounidense de suspender sus servicios en Chile.
El riesgo que corresponde evaluar es estructural: qué capacidad tienen las instituciones chilenas para continuar funcionando si un proveedor internacional interrumpe sus operaciones por razones técnicas, comerciales, jurídicas o geopolíticas.
La respuesta depende de cada sistema. Algunos pueden migrarse fácilmente entre plataformas. Otros utilizan tecnologías exclusivas, grandes volúmenes de información o servicios estrechamente integrados con el proveedor.
Para entender la diferencia, sirve pensar en un edificio arrendado. Un servicio público puede tener sus documentos dentro, aunque las llaves generales, el mantenimiento y las condiciones de acceso estén sujetos al propietario y al contrato. Cambiar de edificio será sencillo o extremadamente complejo según cuánto dependa de sus instalaciones.
En la nube sucede algo parecido.
Tres proveedores, una misma jurisdicción
El Plan Nacional de Data Centers 2024–2030 contempla una medida llamada *servicio compartido de multinube estatal*. La propuesta busca centralizar la contratación y administración de servicios de nube para distintas instituciones públicas, mejorar la seguridad y permitir que las aplicaciones funcionen en más de un proveedor.
Es una solución razonable frente a fallas individuales y dificultades de gestión. Pero el diseño descrito en el plan se orienta principalmente a contratar y coordinar servicios externos mediante una unidad administradora.
La distinción importa. Una multinube estatal puede pertenecer funcionalmente a la administración pública mientras sus plataformas siguen siendo propiedad de empresas privadas.
Si los servicios se distribuyen entre Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, el Estado obtiene tres proveedores diferentes. También conserva una exposición compartida: las tres empresas tienen matrices estadounidenses.
Diversificar proveedores fortalece la disponibilidad frente a problemas individuales. Diversificar jurisdicciones permite distribuir parte de los riesgos regulatorios y geopolíticos.
En Chile ya existe una alternativa concreta de otro origen: Huawei Cloud identifica una región de nube denominada LA-Santiago, ubicada en territorio chileno. Alibaba Cloud, otra compañía china, ofrece infraestructura internacional, aunque Chile aún queda fuera de sus regiones públicas anunciadas.
También existen proveedores europeos, japoneses y de otros mercados que pueden participar en distintos niveles de la infraestructura tecnológica.
La disponibilidad de múltiples operadores amplía las alternativas comerciales, pero sustituir una empresa estadounidense por una china o europea desplaza parte de la dependencia hacia otro país. Las leyes aplicables, la propiedad de la plataforma y el control sobre sus sistemas siguen siendo relevantes.
El desafío consiste en avanzar un nivel más: que el Estado pueda contratar tecnología de distintos fabricantes sin entregar necesariamente a esos mismos proveedores la administración permanente de sus sistemas más sensibles.
Es allí donde aparece una alternativa que merece incorporarse a la planificación nacional.
Una infraestructura que Chile pueda mantener funcionando
¿Qué ocurriría si el Estado chileno construyera una red propia de centros de datos, distribuida entre distintas regiones y destinada a sostener sus funciones esenciales?
Podría comenzar por identificar los sistemas cuya interrupción comprometería seriamente la operación pública: registros de identidad, determinados sistemas de salud, justicia, gestión de emergencias, recaudación y otras plataformas críticas.
A partir de esa clasificación, sería posible estudiar una infraestructura bajo control operativo nacional, con instalaciones geográficamente separadas, conexiones redundantes, respaldos independientes y capacidad de recuperación ante fallas o interrupciones de proveedores internacionales.
Su construcción podría involucrar empresas chilenas, universidades, operadores privados y fabricantes extranjeros. También podría recurrir a tecnologías de Estados Unidos, Europa o Asia, siempre que el Estado conserve las capacidades técnicas, contractuales y administrativas necesarias para operar y sustituir componentes.
La autonomía tecnológica se construiría mediante una combinación de propiedad, conocimiento, control de sistemas, documentación, claves de cifrado, procedimientos de recuperación y personal especializado.
Este modelo también tendría dificultades importantes. Requiere inversión inicial, actualización permanente de equipos, ciberseguridad, personal altamente capacitado y planificación frente a desastres naturales. Muchos de sus componentes continuarían dependiendo de cadenas internacionales de suministro.
Y existe un aspecto imposible de separar del resto del artículo: los centros de datos públicos también consumen recursos naturales.
Una infraestructura estatal necesitaría electricidad, refrigeración y terreno. Su condición pública permitiría incorporar objetivos de servicio y transparencia, pero seguiría sometida a las mismas exigencias ambientales que cualquier instalación equivalente.
La posibilidad de distribuir los centros entre diferentes regiones permitiría estudiar ubicaciones con mejores condiciones de conectividad, disponibilidad de energía y agua. Sus resultados ambientales podrían publicarse periódicamente, junto con los costos de operación y la capacidad que efectivamente entregan a los servicios esenciales.
La propiedad pública abriría una forma distinta de responder por esos recursos ante la ciudadanía.
El Estado podría mantener contratos con proveedores internacionales para servicios especializados, capacidad adicional y aplicaciones que resulten más eficientes en plataformas comerciales.
La finalidad de una red propia sería asegurar una capacidad mínima de funcionamiento que permanezca disponible cuando las relaciones contractuales o internacionales atraviesen situaciones extraordinarias.
La pregunta económica es inevitable: cuánto costaría construirla, mantenerla y renovarla, comparado con el gasto actual de contratar servicios externos y con las consecuencias de una interrupción prolongada.
Sin un inventario público de dependencias tecnológicas y costos, resulta prematuro establecer qué escala sería conveniente.
Pero esas cifras permitirían discutir la soberanía digital como una capacidad que puede medirse, financiarse y ponerse a prueba.
El verdadero negocio de la nube
El Estado chileno ha elegido promover la expansión de la infraestructura digital internacional. La estrategia se desarrolla a través de distintos gobiernos y combina intereses económicos, modernización tecnológica y objetivos ambientales.
Google, Amazon y otras compañías pueden obtener beneficios comerciales al instalar infraestructura en Chile. El país, a su vez, puede recibir inversiones, impuestos, puestos de trabajo y capacidades tecnológicas.
La relación ofrece oportunidades reales. Pero su resultado depende de las condiciones acordadas, de la capacidad de regulación y de cuánto conocimiento e infraestructura estratégica permanezca disponible para el país.
La discusión ambiental incorpora una dimensión adicional. Las instalaciones necesitan recursos que comparten con otras actividades y con las comunidades donde se encuentran. Su valor económico debería examinarse junto a sus impactos acumulados y a los beneficios públicos que generan.
La discusión geopolítica agrega otra pregunta: qué alternativas conserva el Estado cuando los intereses comerciales o de seguridad de una potencia extranjera entran en conflicto con sus propias decisiones.
Y la discusión tecnológica conduce finalmente al problema del control: quién posee los equipos, quién administra los sistemas, bajo qué leyes se prestan los servicios y quién tiene la capacidad de mantenerlos funcionando.
Son preguntas relacionadas, pero cada una exige respuestas concretas.
Chile cuenta con una estrategia de atracción de inversiones y con instrumentos para mejorar la sostenibilidad de los centros de datos. También contempla un esquema de multinube para el sector público. El paso que merece una evaluación más profunda es determinar qué capacidad operativa propia necesita conservar el Estado, cuánto costaría desarrollarla y cuáles son los sistemas que requieren ese nivel de protección.
Convertirse en un centro regional de infraestructura digital puede ser una oportunidad importante para la economía chilena. Convertir parte de esa actividad en autonomía tecnológica exige algo más que recibir inversiones.
Exige saber qué decisiones permanecerán en manos del país.
Chile puede albergar los servidores de medio continente, pero ¿quién tendrá las llaves de los que necesita para seguir funcionando?
